La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incluye a la seguridad entre los principios de actuación de las administraciones públicas y recoge el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), de aplicación a todo el Sector Público, que ofrece un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos y medidas de seguridad.

Por su parte, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos concreta en diferentes preceptos la obligación del cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el ENS.

El Esquema Nacional de Seguridad, que ha sufrido un proceso de evolución continua desde su primer desarrollo en 2010 (RD 3/2010, de 8 de enero, RD 951/2015 y RD 311/2022), establece la política de seguridad para la protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización para el sector público, así como los proveedores tecnológicos del sector privado que colaboran con la Administración.